El espacio público: Un grave problema

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El espacio público de las principales ciudades de la República Dominicana está siendo tomado por comerciantes y ciudadanos si el más mínimo respeto a las leyes municipales. Esto puede estar ocurriendo por desconocimiento de los que cometen esa agresión visual o por negligencia de las autoridades encargadas de la burocracia urbana. O quizás haya una complicidad entre unos y otros.

Como resultado de este salvajismo metropolitano tenemos un medio ambiente difícil por la fórmula resultante de este problema, sumado a la polución provocada por los vehículos sin control, la basura y el ruido.

No mucha gente conoce sus derechos en el uso del espacio público, y por esa razón la mayoría de los dueños de pequeños negocios de las ciudades protestan cuando los inspectores de algunos ayuntamientos que fiscalizan el uso de publicidad exterior les reclaman el pago de impuestos por sus rótulos, aunque éstos estén colocados en su propio local. Las protestas son más fuertes cuando se trata de la colocación de torres promocionales de 8 o 12 pies de altura en parqueos y plazas porque dueños de empresas de mayor envergadura argumentan que no tienen que pedir permiso a nadie porque su publicidad no está en la calle.

Resulta que el espacio público va más allá del parque, la plaza o la acera de las vías de la ciudad. Todo espacio visual por encima y a los lados de las casas y edificios es propiedad de la ciudad y no puede usarse como medio para promover cosas sin el consentimiento de los administradores del municipio, quienes deben velar porque ese espacio no sea usado en perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos.

Si no hay control en el uso del espacio público podríamos caer en un verdadero caos, lo que al final de cuentas perjudica el valor ambiental de las ciudades, reduciendo su atractivo urbanístico, elemento primordial en su importancia universal.

El ejemplo más ilustrativo de este tema lo constituye el cambio radical que se implementó el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la avenida Duarte, donde se desmontaron letreros valorados en millones de pesos. Como resultado tenemos una avenida despejada que refleja una imagen descongestionada y más segura, lo que necesariamente provocará cambios en la actitud de los actuales y potenciales visitantes a esta gran plaza comercial. A estos cambios se agregarán otros relacionados con transformaciones viales, ampliación de espacios y jardinería, que finalmente darán una vista mucho más agradable. Eso significa mayores utilidades para los munícipes.

Es necesario iniciar propuestas concretas dirigidas a educar al ciudadano en torno al medio ambiente y su cuidado, que entienda los efectos nocivos de este tipo de contaminación.

Los principales municipios dominicanos recuerdan a California y sus inmigrantes mineros, en principio de siglo XX. Muchos empresarios de la impresión han incursionado en el negocio de las vallas o la publicidad objetiva en busca del pastel público y varias compañías, entre españolas, mexicanas y argentinas, han llegado con sus equipos para tomar las calles y techos de edificios con el fin de rentarlos a marcas locales y extranjeras.

La situación calamitosas de ayuntamientos que sobreviven con nóminas clientelistas abultadas y a merced de ingresos provenientes de las entradas impositivas del gobierno central, coloca a estos empresarios de la publicidad exterior como los salvadores de las ciudades porque pagan cuotas anuales por vender el espacio público propiedad de todos los residentes en estos municipios. Por ejemplo, el arrendamiento anual de un techo o un espacio para una enorme valla 20 por 50 pies, cerca de una avenida importante de la Capital, le cuesta a los valleros de 50 a 80 mil pesos, sin embargo al Ayuntamiento sólo se le pagan 13,953, o sea 150 pesos por metro cuadrado. Por ese mismo tiempo la marca que se anuncia en ese espacio pagaba 216,000 el año pasado.

Esa es la razón por la que muchas ciudades de todo el mundo civilizado, como Miami, con visión clara de lo que representa la seguridad ciudadana y el medio ambiente, han regulado esta situación de manera tal que el que quiera venderse en su espacio público debe pagar bien caro o irse a otros medios menos agresivos al urbanismo.

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